Justicia entrerriana habilitó el uso de celulares a personas privadas de su libertad

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La medida fue adoptada esta mañana, luego analizar una presentación realizada por abogados ante los Juzgados de Ejecución de la provincia, solicitando tengan a bien disponer de manera coordinada con las autoridades del Servicio Penitenciario, la autorización temporaria del uso de telefonía celular por parte de los internes de las Unidades Penales de la provincia de Entre Ríos durante la vigencia de la situación de excepción provocada por la pandemia del virus Covid-19.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos autorizó hoy el uso de telefonía celular en todas las unidades penitenciarias de la provincia durante el período en el que subsista la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional y sus prórrogas.
En la resolución se dispuso también la creación de un protocolo normativo de implementación de la actual autorización la que será concretada en la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia y en cuya confección participarán ademáss de las autoridades que el Poder Ejecutivo disponga, representantes de los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal y jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la provincia, todo ello a los fines de asegurar la efectiva comunicación de los internos con sus familiares y que no sea utilizada con fines ilícitos.
La resolución, firmada por el presidente del STJ, Martín Carbonell; Susana medina y Miguel Giorgio fue luego de analizar lo peticionado y las posiciones del Defensor General Maximiliano Benítez y el Procurador General Jorge Amilcar Luciano García quienes consideraron razonable la petición de los delegados de flexibilizar la tenencia y uso de telefonía celular durante la vigencia del aislamiento toda vez que disminuye los efectos deletereos de las restriccciones a la comunicación fisica con sus familias.
Reunión con autoridades del gobierno
Carbonell, Medina y Giorgio se reunieron esta mañana luego de firmada la resolución, con la ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero, el Defensor Benítez, el Procurador García y el Director del Servicio Penitenciario de la provincia Inspector General Dr. Marcelo Rubén Sánchez para avanzar en la elaboración del protocolo correspondiente.
La medida había sido solicitada por los organismos de derechos humanos de la provincia, entre otras peticiones que habían realizado a través de un documento al gobierno de la provincia. Si bien la respuesta del Poder Judicial no responde, necesariamente, a la interpelación de los organismos de derechos humanos, es una medida en el mismo sentido del petitorio realizado.

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